Así recibió Margarita Rojas la noticia de que la Fiscalía de Perú ordenó el archivo de la investigación de las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres entre 1990 y 2000, durante la presidencia de Alberto Fujimori.

El caso se cerró en aplicación de una polémica ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, actual presidenta e hija del fallecido mandatario.

Rojas fue una de las víctimas de una política de control demográfico por la que se esterilizó —a menudo mediante coacción, amenazas y engaños— a más de 24.000 hombres y más de 314.000 mujeres, principalmente, "indígenas, de zonas de mucha pobreza", según concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia en la que condenó al Estado peruano por estos hechos.

Las asociaciones de víctimas llevan años denunciando que varias de estas mujeres murieron a causa de malas praxis y falta de condiciones en las intervenciones, entre ellas Celia Ramos Durand, cuyo caso emblemático fue el que llevó a la condena de Perú en la Corte IDH en noviembre del año pasado.

Desde su casa en la comunidad indígena de Lluto Kututo, en la sierra andina del departamento de Cusco, Margarita recordó su experiencia y la de sus vecinas en conversación con BBC News Mundo.

"Era el año 1996. Yo tenía 18 años y acababa de tener mi segunda niña. Entonces empezaron a llegar las enfermeras de la posta de salud de Llusco a presionarnos y decirnos que Fujimori no quería que tuviéramos más hijos".

"Nos hablaban como si le debiéramos dinero al banco, y nos dijeron que las trompas luego se podían desligar". Según cuenta, fue sometida a una intervención que no le explicaron debidamente y cuyas consecuencias solo descubrió en una revisión ginecológica con otro médico.

Desde 2013, cuando, asesorada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por fin denunció los hechos ante la Fiscalía, ha esperado justicia, algo que ve un poco más lejos después de la última decisión del Ministerio Público.

Qué dijo la Fiscalía

La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos emitió el pasado 22 de octubre una disposición en la que ordena el archivo del caso y declara prescrita toda posible responsabilidad penal por los hechos de los 52 investigados, entre los que figuran tres ministros de Salud durante el gobierno de Fujimori padre: Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, que hoy es senador de Fuerza Popular.

El fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas reconoce en la disposición, a la que ha tenido acceso BBC Mundo, que las "esterilizaciones forzadas reúnen, según el derecho penal internacional, los elementos de un crimen de lesa humanidad, al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil en ejecución de una política de Estado".

Fuente de la imagen, Jimena Rodríguez Romaní / Bloomberg

Sin embargo, concluye que debe archivarse el caso y declararse prescrita la responsabilidad penal en aplicación de la ley 32107, la ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular y aprobada en 2024, durante la presidencia de Dina Boluarte.

La decisión de la Fiscalía ordena archivar las investigaciones de los casos de lesiones graves seguidas de muerte de cinco víctimas y las lesiones graves sufridas por 4.172.

Es el último capítulo de una larga batalla judicial en la que ninguna alta autoridad del gobierno peruano ha sido condenada.

El exministro Alejandro Aguinaga dijo a BBC Mundo que "todas las investigaciones han sido archivadas porque en Perú no hubo un programa de esterilizaciones forzadas" y "esas personas han mentido porque se les han propuesto prebendas económicas".

La última resolución de la Fiscalía deja abierta la posibilidad de plantear reclamaciones civiles.

Qué dice la ley de Amnistía

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La Ley 32107 declaró prescritos los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Perú antes del 1 de julio de 2002, cuando entró en vigor en el país el Estatuto de Roma, por el que se creó la Corte Penal Internacional.

Las asociaciones de víctimas y ONGs la rechazaron porque consideran que abre la puerta a dejar impunes graves violaciones de los derechos humanos.

Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización local, le dijo a BBC Mundo que "la amnistía busca imponer una política de olvido forzoso sobre los hechos ocurridos entre 1980 y 2000, cuando hay familias que llevan décadas esperando a recibir justicia".

La ley ha sido objeto de una compleja controversia jurídica entre los propios tribunales peruanos.

En noviembre de 2025, el Tribunal Constitucional rechazó una demanda sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley y concluyó que debían aplicarse los criterios de prescripción vigentes en las leyes peruanas en el momento de los hechos, pero la Corte Suprema decidió inaplicar la ley en una sentencia del pasado marzo porque, a su juicio, contravenía la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la doctrina de la Corte IDH que ha declarado imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Fuente de la imagen, Ernesto Benavides / Getty

Qué puede pasar ahora

Las esterilizaciones forzadas son una más de las denuncias de violaciones de derechos humanos que ensombrecieron el legado del Alberto Fujimori, al que sus partidarios admiran por su gestión económica y porque durante su mandato se logró poner fin a los ataques de Sendero Luminoso.

Su hija y heredera de su movimiento político, la presidenta Fujimori no se ha referido a la decisión del archivo de la Fiscalía.

BBC Mundo solicitó a la Secretaría de Prensa de la Presidencia comentarios sobre la orden de archivo, pero no obtuvo respuesta.

En marzo de 2026, Keiko Fujimori dijo al Canal N que "el mal llamado plan de esterilizaciones, en realidad fue un programa de salud reproductiva, educó y dio la posibilidad a miles de mujeres a decidir cuántos y cuándo tener a sus hijos". También criticó que la sentencia de la Corte IDH se diera a conocer poco antes de las elecciones peruanas.

En conversación con BBC Mundo, el exministro de Salud y hoy senador Aguinaga también defendió la necesidad del programa para dar respuesta a "la nefasta situación de la salud reproductiva en el Perú en aquella época".

Sigfredo Florián, abogado que representa a nueve mujeres que denunciaron esterilizaciones forzadas, le dijo a BBC Mundo que ha recurrido la decisión del archivo a la Fiscalía Superior de Derechos Humanos.

"La decisión de la Fiscalía supone la impunidad. Tenemos claro que desde un punto de vista estrictamente jurídico debería revertirse, pero estamos también ante un tema político", afirmó.

Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú, dijo en un comunicado que "todavía hay oportunidad de revertir esta decisión. Las organizaciones de la sociedad civil buscaremos todos los caminos para garantizar que las autoridades cumplan con su deber de escuchar a las víctimas y garantizar su derecho a acceder a justicia".

Las organizaciones de víctimas anunciaron que recurrirían de nuevo a la Corte IDH, aunque no sería la primera vez que las autoridades peruanas ignoran sus resoluciones desde que el fujimorismo es la fuerza política dominante. Ya sucedió con la excarcelación de Alberto Fujimori en diciembre de 2023 en virtud de un indulto previamente anulado por la corte.

Valeria Reyes, del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, concluyó en un reciente artículo que la estrategia de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos "se encuentra un Estado que decididamente confronta las decisiones de la Corte IDH".

Fuente de la imagen, Cortesía de Margarita Rojas

La presidenta del Tribunal Constitucional peruano, Luz Pacheco, dijo en enero de 2026 que los jueces de su país no deben someterse a las resoluciones que dicte la Corte si son contrarias a las leyes nacionales. "No estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad", afirmó.

Y Fernando Rospigliosi, el congresista fujimorista que promovió la ley de amnistía, definió a la Corte IDH como "un tentáculo de la mafia caviar internacional" (el término "caviar" se utiliza coloquialmente en Perú para descalificar a los simpatizantes de izquierda que disfrutan de una posición acomodada).

Rospigliosi también abogó porque la Junta Nacional de Justicia, el órgano que controla a los jueces en Perú, sancione a los que no apliquen la ley que promovió.

BBC Mundo solicitó una entrevista con Rospigliosi y no obtuvo respuesta.

Cuenta que la esterilización le cambió la vida. "Mi marido me abandonó porque no pude darle el hijo varón que quería", dice.

"Fujimori nos hizo daño y ahora que su hija es presidenta nos quieren hacer daño también".