La izquierda en el Congreso de la República quiere acelerar el cobro de las deudas tributarias que los contribuyentes tienen con el Estado peruano. Así lo refleja un nuevo proyecto de ley, presentado por la bancada de Juntos Por el Perú (JP), el pasado lunes.

La proposición responde a una sesión de octubre de la Comisión de Economía de Diputados donde estuvo presente el superintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), César Luna, para tocar esta materia.

El funcionario fue severamente criticado, a criterio de los congresistas, por no tomar acciones eficaces para exigir el dinero adeudado.

Sin embargo, especialistas consultados por Gestión consideran que la iniciativa legislativa no es relevante para el objetivo planteado y, por el contrario, advierten que podría generar un vacío en un aspecto clave.

El panorama de las deudas tributarias

El 7 de octubre Luna reportó en el Congreso que la deuda tributaria total que los contribuyentes mantienen con el Estado peruano supera los S/ 123,000 millones. Sin embargo, aclaró que la Sunat proyecta que solo podrá hacer efectivo el cobro de S/ 11,900 millones, el 9.2% del total.

Siendo aún más específico, Luna precisó que la deuda exigible es de S/ 90,100 millones, pero más del 70% es “dudosa”, es decir, tiene que ser castigada porque ya se agotaron todos los actos de cobranza.

El resto de los S/ 123,000 millones, no puede cobrarse están en etapa de notificada, impugnada o en curso.

“Los costos de cobrar la deuda son enormes y, respecto de deudas chicas, uno termina invirtiendo más en cobrarla que en lo que realmente cobra. Después, en seis años, corremos riesgos”, sostuvo.

Esta dificultad despertó cuestionamiento de parte de los diputados de la Comisión de Economía, que presidente el congresista José Marcelo, de Ahora Nación, partido de izquierda que también preside el mismo grupo de trabajo, pero en el Senado, con su líder Alfonso López Chau. Aparte del Buen Gobierno, los más críticos fueron, precisamente, los de JP.

“¿No se puede tomar cualquier otra acción para que se pueda cobrar a estas empresas? Estas empresas son reconocidas […]. Como técnicos, especialistas [de Sunat], creo que tienen el mecanismo para hacer efectivas estas cobranzas”, señaló Gabriel Gonzales, diputado de JP, en la sesión.

Vale precisar que la complejidad del cobro de la deuda tributaria ha sido reconocido incluso por gremios empresariales. El 18 de octubre ComexPerú reportó que, tras analizar la lista de contribuyentes de la Sunat, existían un total de 8,833 deudores que acumulan S/ 13,051 millones en deudas coactivas.

Ese monto sería equivalente al 5.7% de los ingresos recaudados por la Sunat durante 2025 y también es comparable al 5.1% del presupuesto público inicial de 2026, lo que pudo significar más recursos para atender demandas sociales, indicó ComexPer.

La “ayuda” que quiere dar el Congreso

Así apareció la proposición legislativa 00728-2026-2031-CD, presentado por el vocero de JP Ernesto Zunini, con las firmas de todos los demás miembros de su bancada en Diputados.

La propuesta busca establecer “medidas extraordinarias” para recuperar las deudas tributarias consideradas de “alto impacto fiscal”, aunque no las define, salvo indicar que serían aquellas que por su cuantía puedan tener “riesgo de pérdida de capacidad de recuperación” y se necesiten “mecanismos reforzados de seguimiento y gestión”.

Asímismo, generaría nuevas obligaciones de transparencia y difusión para la Sunat. Zunini plantea que se cree el “Sistema de Seguimiento de Deudas Tributarias de Alto Impacto Fiscal”, dándole mayor trazabilidad al asunto, más un reporte nacional trimestral del tema para ver la evolución de la deuda tributaria total.

JP no se olvidó en su proyecto del Tribunal Fiscal (TF). De hacerse ley, el TF también se vería obligado a publicar periódicamente información estadística sobre las controversias tributarias que tiene en su legajo. Aparte, se le exige coordinar de mejor forma con la Sunat para evitar que determinadas deudas “presenten antiguedad significativa o riesgos de exceder los plazos legalmente establecidos para su resolución”.

El partido liderado por Roberto Sánchez también plantea en su iniciativa que la Sunat cree un régimen extraordinario para recuperar acreencias tributarias existentes, sin considerar la condonación y afectación de garantías; revise y rinda cuentas respecto a estos procesos; e implemente “acciones extraordinarias según la situación jurídica” de las acreencias, aunque sin detallarlas.

Aporte difuso

A pesar de la aparente buena intención, Jorge Picón, abogado tributarista socio de Picón & Asociados, fue escéptico respecto a la utilidad de la propuesta de JP.

“Su relevancia es cero, no aporta nada: no da facultades específicas, no cambia la situación de la deuda y solo crea una categoría de alto impacto fiscal. Lo más probable es que entorpezca la labor de la Sunat. Ellos ya generan información, pero si la regulas ello implica fiscalización posterior. Tendrán que haber funcionarios que, dentro de sus tareas, se dediquen a cumplir esa ley cuando podrían destinar ese tiempo a otras cosas”, criticó.

​Agregó: “Cuidado con que las deudas o controversias tributarias se conviertan en un tema político cuando esto es un tema completamente técnico. Uno de los grandes problemas es que cuando se politiza el tema, con montos en litigios, los resolutores eventualmente podrían verse increíblemente presionados para fallar.

Jorge Dávila, socio del Área Tributaria de Rubio Leguía Normand, coincidió con su colega: “La propuesta es meramente declarativa y con cero efectividad tributaria. La Sunat ya tiene instrumentos de planificación y rendición de cuentas públicas. Basta revisar la información. Tienen indicadores de cumplimiento y el TF igual. Las herramientas están, aunque sí, podrían ser más detalladas sin afectar la reserva tributaria”, refirió.

Ambos abogados recordaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya trabaja en una propuesta de reforma tributaria, vía una comisión presidencial constituida por expertos del sector. Elmer Cuba, titular de esta cartera, en entrevista con Gestión, aclaró que mantienen la intención de impulsarla, pero, aparte de esperar el informe final de este grupo de trabajo, aguardarán que el fenómeno El Niño se apague.

En ese panorama, Picón dijo que el Congreso tiene dos opciones: aguarda esta propuesta del MEF o convoca a las empresas para saber cómo colaborar desde antes.

“Podrían tener una agenda propia, convocar al sector privado y preguntarles qué necesitan para invertir con menos miedo en el país. En los últimos años la Sunat se ha ganado una imagen negativa que aún cuesta revertir”, recomendó.

Vale recordar que, hasta finales de octubre, la Cámara de Diputados mantenía, aparte de este proyecto de JP, proyectos diversos en materia tributaria: elevar tasas de impuestos a los juegos y apuestas deportivas a distancia, mantener o eliminar exoneraciones, como el caso de la Ley Agraria; o incorporar nuevos gastos deducibles del Impuesto a la Renta.

“Yo creo que el Congreso debería concentrarse en medidas para ampliar la base tributaria, como simplificar el cumplimiento o reducir los costos de la formalización. Otro frente es aportar a fortalecer la institucionalidad de la Sunat y el TF, con más recursos, tecnología y herramientas de identificación temprana”, agregó Dávila al respecto.